La legalización de la marihuana con fines terapéuticos, previsible a raíz del consenso que el Senado de la República parece haber alcanzado, posiblemente no traerá en los próximos cinco años una inherente regulación del uso de la planta psicoactiva con fines lúdicos.

De aprobarse hoy una despenalización de este tipo, en términos operativos podrían establecerse las primeras cadenas de comercialización y consumo regulado en el 2018, tal y como ocurrió en Colorado, Estados Unidos, donde un paquete de reformas estructurales aprobadas en 2012 devinieron en la apertura de tiendas de marihuana a principios de 2014.

Pero en el país, ni hablar. En el estado mexicano difícilmente se avalará en un futuro cercano la regulación del uso recreativo de la marihuana, cuya venta, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado, representa alrededor de tres de cada 10 pesos que poseen las organizaciones criminales. El golpe que significaría su aprobación, claro está, no se mide en pesos sino en miles de millones de dólares.

La plusvalía de la comercialización de la mota y otras drogas, enraizada en su clandestinidad y sumada a las ganancias de delitos como la extorsión, el secuestro o el robo de combustible, ha servido para que los cárteles coopten a policías municipales, alcaldes, diputados locales y federales, gobernadores y líderes partidistas. Con el crimen organizado metido en cada entresijo de la política, casi nadie duda que el presidente guarde dinero del narco en las bolsas.

Hasta ahora, la política prohibicionista en relación a las drogas ha estado sustentada en tres ejes primordiales: el aumento en su consumo y los daños en la salud que ello generaría, un halo moralista sin sustento y la agudización de delitos significativamente más graves.

En el primero de los casos, se acusa una posible “sobrerreacción” a la marihuana: filas kilométricas de jóvenes aguardando para a una tienda pacheca, por ejemplo. La visión podría guardar cierta veracidad, pero es significativamente errónea. Tras un aumento considerable y previsible de su consumo, no quedaría más que su declive.

Algo similar ocurrió, por ejemplo, cuando el país liberó las importaciones de bienes de consumo general: algunas tiendas se dedicaron exclusivamente a la venta de artículos importados y triunfaron sólo unos cuantos meses. Antes de un año, ya habían cerrados sus puertas.

Esto sin mencionar que hoy la marihuana se fuma/come/bebe aun cuando es ilegal y, de hecho, su consumo va en aumento. La Encuesta Nacional de Adiciones reveló hace 14 años que apenas el 0.6 por ciento de la población de entre 14 y 65 años había probado la planta. Para 2011, el porcentaje aumentó a por lo menos el 1.2 por ciento.

Tan sólo en la Ciudad de México, los estudiantes que consumieron marihuana pasaron del 8.8 por ciento en 2008, al 15.9 por ciento en 2012.

Respecto de los daños que su consumo podría acarrear, generalmente están basados en rumores y no en estudios científicos que acrediten un detrimento significativo de la salud.

Los análisis que poseen certeza científica indican únicamente que sólo en nueve de cada 100 casos los consumidores generan adicción. Los daños pulmonares aún no han sido identificados con certeza, pero se sabe de antemano que son menores a los que genera el tabaco. Consumir un porro de marihuana altera, sí, la motricidad, la memoria y el entendimiento, pero sólo durante las dos horas en que duran sus efectos; las secuelas a largo plazo no han sido determinadas con precisión.

El alcohol, en cambio, genera mundialmente 2.5 millones de muertes al año y ello no significa, sin embargo, que deba mantenerse en el estatus prohibicionista en el que se encuentra la marihuana, pero sirve como referente de comparación de daño real entre una sustancia y otra. Hasta hoy, las muertes por consumo neto de marihuana representan en todo el mundo un sólo dígito: 0.

El segundo tope que impide su despenalización con fines lúdicos -los beats podrían llamarla “hueva creativa”- radica en el halo moralista de la sociedad con respecto a las sustancias psicoactivas. Aunque según Parametría en el país la oposición a su legalización ha pasado del 92 por ciento en 2008 al 77 por ciento en 2015, los prejuicios en torno a su consumo y al consumidor permanecen.

El estigma del marihuano-moreno-adicto-delincuente no cesa, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó desde noviembre pasado que la prohibición de las drogas vulnera el derecho a decidir el consumo responsable. Uno decide sobre su propio cuerpo, vaya.

Existen cuatro tipos de uso de drogas: consumo no habitual y no problemático; consumo habitual y no problemático; consumo no habitual pero problemático, y consumo habitual y problemático. La mayoría de la sociedad y de las autoridades parece reconocer, sin embargo, solo estos dos últimos.

Esto, pese a que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha determinado que sólo entre el 15 y el 20 por ciento en los casos de consumo pueden ser denominados como “usuarios problemáticos”.

Lo anterior dirige de forma directa a la siguiente barrera para su despenalización: la agudización de delitos significativamente más graves.

Las autoridades de salud ya han resuelto, en este debate protagonizado en el Senado durante los últimos días, que el marihuano no es violento. Sustancias como la cocaína, en cambio, sí poseen el arraigo de los estados de violencia en el consumidor.

Pese a ello, podría asegurarse que uno de cada 10 internos de prisiones federales del país están ahí por posesión simple de marihuana. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 60 por ciento de los presos federales están recluidos por daños a la salud. De este universo, el 38.5 por ciento se aboca al delito de posesión simple de droga; y de este grupo, el 58.7 por ciento fue encarcelado por exceder la portación de dosis permitida de marihuana: cinco gramos o cinco porros.

En el ideario colectivo se cree que, de legalizar la marihuana, los cárteles optarían por agudizar actividades delictivas como el secuestro o el secuestro, pero en términos operativos y financieros, ¿cuánto han perdido las autoridades en el combate al narcotráfico? ¿Cuántas desapariciones y muertes han estado enraizadas a la venta de drogas como la marihuana?

De liberar la carga financiera y de seguridad pública que ha generado la guerra contra las drogas, las autoridades de administración y procuración de justicia podrían enfocar esfuerzos en el combate a los delitos verdaderamente graves.

La comercialización regulada de la marihuana, además, traería consigo grandes insumos fiscales a los gobiernos federales, estatales y municipales, lo que inhibiría en gran medida la cooptación de cuerpos policiacos.

Parte del análisis aquí expuesto ha sido abordado en el Senado, respecto de la aprobación de la marihuana con fines medicinales. Hoy, senadores de distintos grupos legislativos han coincidido en que el paternalismo injustificado del gobierno es criticable. Pero es más bien injustificable.

O ¿acaso la prohibición absoluta ha cumplido hoy con la protección de la salud y la seguridad pública?