Opción 43/44, Mayo 1989.


“Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo.
Los hombres se liberan en comunión”.
1
Paulo Freire

La historia de México es la historia de un nacimiento. A menos de doscientos años de surgir como nación independiente el dolor del parto permanece, la nacionalidad sigue en movimiento, determinándose, cambiando, descubriéndose. Es historia de contrastes y contradicciones, de unidad y dispersión, de sangre, de cantos y de sueños. Pero es sobre todo la historia de un pueblo, un pueblo no siempre mencionado pero inevitablemente protagonista; a veces como actor, a veces como público actuante. Un pueblo plural, distante y omnipresente, un pueblo que no siempre juzga pero que siempre siente, conjunto de hombres y mujeres, cada uno con una historia que contar, con frustraciones y anhelos propios. Un pueblo que ante todo es fuerza viva.

1988 es un año de cambio. Los problemas embisten por todos los frentes. La sociedad mexicana se convulsiona en medio de pobreza material e inconformidad política. Es ésta una oportunidad para reflexionar y para actuar. Cuando las grandes transformaciones ocurren, arrastran tras de sí el pasado creando tormentas. El presente es una prueba más que afrontamos los mexicanos, pero que no surge de la nada, sino que es resultado de nuestra historia; negarla o cegarse ante ella tendría un altísimo costo. México tiene una única opción: aceptar su pasado y presente y forjar su futuro con madurez y responsabilidad. Las prácticas pasadas deben ser objeto de revisión crítica; hoy nuestro pensamiento puede ser la fuente creativa de una nueva realidad. La transformación será lenta y dolorosa, y “la pasividad y desesperación de los gobernantes no resolverán los problema del país. Eso sólo lo pueden el tiempo y el pueblo de México”.2

LOS LÍMITES DEL PODER

Cuando en el “siglo de las luces” aparece la idea de la división de poderes, es resultado de una necesidad colectiva: vigilar y limitar las acciones de los que ejercen el poder público. El problema es antiguo; Aristóteles clasificó las formas de gobierno de acuerdo a los intereses que buscan proteger: las benéficas los de la sociedad, las corruptas, los de los gobernantes. Veintitrés siglos después persiste la búsqueda por garantizar que aquellos que ocupan cargos políticos no antepongan sus intereses a los de la colectividad. Cuando no existe este control se apuesta a la moral y a la buena voluntad del gobernante; a veces se gana y a veces se pierde, pero el riesgo está siempre presente.

El único instrumento capaz de obligar al que está en el poder a que cumpla con su responsabilidad es la ley. Sin embargo por sí sola la legislación no cambia nada: el derecho es una poderosa herramienta de la sociedad para encauzarse a sus fines, pero que para ejercer su fuerza necesita de la voluntad de aquellos a quienes afecta. De nada sirve que la Constitución Política establezca la división de poderes si entre los miembros de estos se dan acuerdos y negociaciones que distorsionan su función. Pueden inventarse mil y un formas de control a la autoridad e introducirlas en el orden jurídico, pero si la sociedad carece de vigor para exigir su cumplimiento, nada garantiza que esto ocurra. Mejorar el marco constitucional es un deber permanente, pero para poder asegurar el interés público, una Constitución requiere de la fuerza del pueblo.

En México se discute de lo que muchos consideran absolutismo presidencial. Creo que el debate se ha desviado. El presidente de la República es el símbolo de la autoridad de un sistema; es un concertador de intereses, árbitro entre los factores de poder que constituyen el sistema, que es quien nos ha gobernado. El problema entonces, no reside tanto en el límite a la autoridad del Presidente sino a la del sistema en su totalidad. La pregunta es: ¿cómo puede obligar al conjunto de personas y grupos que detentan el poder a que trabajen por el interés de la Nación? Y el cuestionamiento no es sólo para la actual estructura política; si se diera la alternancia de partidos en el poder, por sí sola no otorgaría la garantía; las posibilidades de corrupción son las mismas, especialmente en el largo plazo. La verdadera respuesta al problema está en manos de su principal interesado: la sociedad civil.

Fotografía tomada del artículo original, Opción 43/44, 1989.

Fotografía tomada del artículo original, Opción 43/44, 1989.

LA OPINIÓN PÚBLICA

Para obligar a su gobierno a cumplir con su deber, la sociedad necesita ser activa, lo que puede ocurrir en diferentes vertientes, pero todas con un espíritu en común: el interés por involucrarse de algún modo en los asuntos colectivos. Estas opciones de participación tienen diferentes características y potencialidades, pero serán siempre positivas si se sujetan al orden jurídico. Algunas son directas como la militancia política activa; otras son indirectas, es decir, su impacto no es inmediato ni cuantificable. Este es el caso de la opinión pública.

La “Comisión Internacional para el estudio de los problemas de la Comunicación” de la onu, definió la opinión pública como la “opinión del ciudadano ordinario que se encuentra fuera de los círculos donde se toman las decisiones”.3

Este concepto debe ser ampliado y precisado. Hablar de opinión no se limita al pensamiento: es la totalidad de los elementos subjetivos que presenta el sujeto con relación al objeto de opinión; es, por lo tanto, un conjunto de ideas, sentimientos, juicios y pasiones que se tienen frente a algo o a alguien; su naturaleza es la fusión indivisible de lo emocional y lo racional, de la idea y del corazón. Es un contacto más que el hombre establece con su realidad. Es importante recordar esto al hablar de opinión pública para apreciar mejor su significado. Por otra parte, decir “del ciudadano ordinario” es una limitación innecesaria; el término apropiado es “de toda persona” cuya condición sea no participar directamente en la toma de decisiones. La palabra “pública” significa que el objeto u objetos de opinión son los asuntos que afectan a la colectividad. Su principal característica en una sociedad plural es ser igualmente plural, lo que le da su enorme riqueza. No es un conjunto de consenso y tendencias comunes, ni es un bloque estático, es, por definición, diversidad y movimiento. En su seno se encuentran posturas opuestas, actitudes diferentes y cambiantes, tanto como lo somos los seres humanos.

En la opinión pública se distinguen dos momentos. Primero el de su gestación: el individuo reacciona ante los acontecimientos que le afectan formando su propia opinión y dándola a conocer en sus círculos cercanos. Está en todas partes –en la casa, en el café o en el trabajo– y es la verdadera opinión pública, el sentir de todos los que integran la sociedad. El segundo momento es un derivado del anterior. Ocurre cuando un gran número de personas tiene acceso a opiniones que originalmente estaban aisladas, al ser éstas presentadas abiertamente a la colectividad (la característica de esta etapa es que sea masiva, aunque a veces es sorprendente la velocidad con que se difunden opiniones de persona a persona). En este proceso los medios de comunicación tienen un lugar muy importante. No toda opinión pública llega a este punto, siendo el realmente trascendente el anterior; sin embargo, dado el poder de los medios, la exposición masiva tiene especiales potencialidades, y una de ellas es provocar la limitación del poder de las autoridades. Cuando los que habitan un país tienen el modo de hacer llegar públicamente a su gobierno sus opiniones acerca de los asuntos colectivos, entran en contacto con él, quien a partir de entonces no puede olvidar que no está solo, que se le observa, se le vigila. Si se le cuestiona debe responder con palabras y hechos coherentes. Esta vigilancia es resultado de una actitud activa de la sociedad que se ejerce a través de su voz: la opinión pública. Evidentemente sus resultados no pueden medirse rigurosamente, ni son inmediatos o mágicos, pero no por eso son menos efectivos. Si un funcionario sabe que al incumplir con su responsabilidad corre el riesgo de la denuncia pública, lo pensará dos veces; un gobierno sometido a la crítica se obliga a elevar su nivel de debate; a hacer comunicación social creíble. Recibe ataques por todos los frentes, desde todas las tendencias, lo que lo empuja a ser más fuerte y mejor, en beneficio propio y de sus gobernados. En síntesis: la presión de la voz del pueblo se convierte en un actor real de poder, tal vez sin cabeza determinable, pero con miles de corazones vivos a los que inevitablemente hay que considerar en la toma de decisiones.

La presencia de la opinión pública sólo puede dar frutos a la luz de la ley. Si la sociedad civil y el gobierno no respetan el orden jurídico, el poder de la opinión pública da vida a la fuerza del derecho, actuando ambos armónicamente. El respeto a la ley no significa pasividad frente a ella, implica también una actitud crítica que empuje a su mejoramiento, pero siempre dentro de los procedimientos establecidos para su modificación. Si por el contrario, se desprecia el marco jurídico y por lo tanto, el orden que persigue, la opinión pública se vuelca contra el pueblo para lastimarlo y matarlo.

Si el nexo más importante entre las ideas y los sentimientos de los hombres y mujeres de una nación y su gobierno pueden ser los medios masivos de comunicación, la importancia de la responsabilidad de estos resulta evidente: deben ser el vehículo de la opinión pública, y no su obstáculo.

Cuando los periódicos, la radio, la televisión (por hablar de los más significativos) distorsionan, ocultan y manipulan la opinión pública, la desperdician impidiendo la plenitud de sus efectos. En este aspecto, en México tenemos muchos problemas, pero paralelamente los elementos para superarlos. La mayoría de los medios son propiedad de particulares, lo que los convierte, en mayor o menor medida, en voceros de la perspectiva de unos cuantos, haciendo muy limitado o nulo el acceso a ellos de la mayoría de la población, que permanece en calidad de simple receptora. Por otro lado, los medios de propiedad del Estado no han dejado de ser, salvo dignas excepciones, simples transmisores de las posturas del gobierno. Y no es dañino que las clases económicamente fuertes y el gobierno tengan acceso a los medios de comunicación, lo grave es que sean los únicos que pueden hacerlo. De aquí que sea urgente su democratización.

En 1980, Gabriel García Márquez apuntó que “las estructuras de comunicación más democráticas constituyen una necesidad nacional e internacional de los pueblos que en todas partes promueven el acceso, la participación, la descentralización y la administración abierta”.4 Esto no es más que promover la igualdad de oportunidades para el uso de los medios. Definitivamente no son el único camino para conocer la opinión de la persona, hay otros –como las encuestas– que debemos explorar, pero sí son un mejor foro. Sus responsables tienen el compromiso de ser fieles intérpretes del sentir popular y de permitir a éste su expresión a través de los medios que tiene bajo su control. Esto es así tanto para la iniciativa privada como para el gobierno, pero en el caso de éste último, el deber es contundente: hacer verdadera la televisión, radio y prensa del Estado, entendido como la unión de territorio, población y gobierno. Comunicaciones no solamente para, sino de todos los mexicanos.

Fotografía tomada del artículo original, Opción 43/44, 1989.

Fotografía tomada del artículo original, Opción 43/44, 1989.

El respeto y promoción a la opinión pública sólo puede darse tras un acto de valor por parte de la autoridad. Valor, por lo menos, para sujetarse a la Constitución y no reprimir u obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión, para entender que esto será para el beneficio de la sociedad y del mismo gobierno (ente diferente a los gobernantes), para entrar en diálogo con la gente común de todos los estratos; para escuchar su verdad y tener con qué responder a ella; valor, patriotismo y visión para hacer del gobierno el primer promotor de la fuerza de la opinión pública, aceptándola como uno más de los factores de poder a pesar de la disminución que provocaría en poderes personales y sectarios. El ascenso de la opinión pública conlleva el riesgo del estruendo. No será tranquilo o silencioso, sino una explosión dinámica, tal vez incómoda pero muy saludable. La opinión pública es movimiento, manifestación de vida. Hay que reconocer que durante el sexenio de Miguel de la Madrid ha habido –en general– avances en el respeto a la libertad de expresión; sin embargo, se puede hacer mucho más para fortalecer la opinión pública. Pero el pueblo no puede ni debe esperar que el gobierno dé los primeros pasos, que pueden ocurrir o no. Y es aquí donde se necesita un segundo acto de valor, el más trascendente: el de la sociedad civil.

Sólo cuando el hombre se descubre a sí mismo es capaz de crear, de transformarse. Lo mismo ocurre con la sociedad: avanza y crece cuando se siente y se piensa, cuando se habla. México hace mucho que empezó a hablarse. Al principio, a través de unas cuantas voces aisladas que después de un largo camino de avances y retrocesos son cada vez más, hasta situarnos hoy en la oportunidad de ser un pueblo crítico y activo, respetuoso de sí mismo. El reto es entendernos, aceptarnos y mejorarnos, y es aquí donde se necesita valor, para darnos cuenta de que podemos convivir y debatir al mismo tiempo y para encarar a la autoridad sabiendo que nuestra opinión es importante, porque es útil y porque es nuestra. Sólo entonces habrá opinión pública capaz de obligar al gobierno a cumplir con su responsabilidad. Pero éste no es ni el único ni el más importante fin de una opinión pública fuerte. Su trascendencia va más allá del poder público para servir al hombre.

Un ser humano es consciente de su realidad cuando la cuestiona. Si el medio es plural, abierto y crítico, es decir, cuando la opinión pública es vigorosa, la conciencia no sólo es posible, sino que además es muy probable. Así la sociedad, el conjunto de hombre y mujeres en convivencia, se convierte en impulso de la toma de conciencia, pilar fundamental de la libertad: no basta la libertad material, es indispensable “la libertad para crear y construir, para admirar y aventurarse. Tal libertad requiere que el individuo sea activo y responsable, no un esclavo ni una pieza bien alimentada de la máquina”.5

La historia de México es también la historia de la lucha por la libertad y por la vida, historia de un pueblo que cuando habla y actúa se libera. Hoy la lucha continúa: buscamos hacer de México un espacio de vida digno del hombre.

 


1 Freire, Paulo. Pedagogía  del oprimido, México, Siglo XXI, 1985, p.29.

2 Castañeda, Jorge.“México: el desafío democrático” (1986) en México: el futuro en juego, México, Joaquín Mortíz, 1987, p.145.

3 “Informe de la Comisión Internacional para el estudio de los problemas de la comunicación”, en MacBride, Sean et al, Un solo mundo, voces múltiples, 2a ed., México, fce, Colección Popular 372, 1987, p. 166.

4 García Márquez, Gabriel. “Comentarios al informe de la ciepc”, en MacBride, Sean, Op. cit., p 263

5 Fromm, Erich. El corazón del hombre, México, fce, Breviarios, 1967, pp. 54-55.